Prometen fondos federales destinados al sur de Arizona para ayudar a migrantes
Rafael CarranzaLos funcionarios del condado de Pima dijeron que continuarán supervisando un sistema para recibir a inmigrantes y solicitantes de asilo liberados en la frontera entre Arizona y México después de recibir garantías del gobierno federal de que recibirían más dinero después del abismo fiscal que enfrentaban para el 31 de marzo.
La administradora del condado, Jan Lesher, describió esa posición el martes en un memorando dirigido a la Junta de Supervisores del condado de Pima. Lesher había advertido previamente a la junta que se quedarían sin fondos federales el 31 de marzo y que el condado tendría que dejar de participar en los esfuerzos estatales para evitar que los inmigrantes y solicitantes de asilo sean liberados directamente en las calles de las comunidades fronterizas de Arizona.
"Tengo suficiente confianza en las garantías federales de financiación, que he ordenado al personal del condado que trabaje con Catholic Community Services (CCS) para planificar la continuación de las operaciones en las instalaciones de Ajo y Drexel más allá de finales de este mes", dijo Lesher.
Esas garantías se produjeron después de que el Congreso asignara 650 millones de dólares al Programa de Refugio y Servicios, un programa federal administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que distribuye fondos a gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia humanitaria a migrantes en la frontera y en el interior del país. Ese dinero es parte de un proyecto de ley de gastos de 1.2 billones de dólares aprobado durante el fin de semana.
El condado de Pima actúa como la principal agencia fiscal para la mayor parte del sur de Arizona, distribuyendo el dinero a otros gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro en la región para cubrir gastos, como exámenes médicos, alimentos, transporte y alojamiento para los migrantes que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU autoriza al liberarlos después de procesarlos en la frontera de Arizona.
FEMA no ha anunciado cuánto de los 650 millones de dólares se destinará a los gobiernos y organizaciones sin fines de lucro de Arizona. Desde 2019, el condado de Pima ha recibido alrededor de 77 millones de dólares del gobierno federal para cubrir los costos de la ayuda humanitaria.
"Esperamos que en las próximas semanas recibamos un aviso formal de fondos federales adicionales que se dirigirán al condado de Pima en apoyo de nuestra operación", dijo Lesher en el memorando.
Mientras tanto, ordenó a su personal que buscara formas de hacer que los fondos duren más y dijo que la junta tendrá que votar para extender los contratos de proveedores para mantener sus operaciones después del 31 de marzo. El principal socio del condado es Catholic Community Services of Southern Arizona, que opera Casa Alitas, dos refugios para migrantes en Tucson que pueden recibir a cientos de migrantes diariamente desde todo el sur de Arizona.
Los líderes del condado de Pima acogieron con agrado el anuncio de Lesher y los fondos adicionales reservados por el Congreso para ayudar a gestionar las liberaciones de inmigrantes en la frontera. Anteriormente habían pedido al gobierno federal que diera un paso al frente y no dejara la carga de los gobiernos locales a las organizaciones sin fines de lucro.
"Evitará que cientos de personas al día tengan dificultades para encontrar recursos para viajar con sus familias y patrocinadores en otras ciudades, y protegerá a nuestra comunidad, garantizando la seguridad de todos", dijo la presidenta de la junta, Adelita Grijalva. "Sin embargo, esto no es una solución al problema; es sólo un tratamiento para un síntoma. Cuando se acabe este dinero, en unos meses podríamos enfrentarnos a la crisis que acabamos de evitar".
Las estadísticas de febrero publicadas el viernes mostraron que el sector de Tucson, que cubre los condados de Pima, Cochise y Santa Cruz, sigue siendo la ruta de cruce más transitada a lo largo de la frontera sur. Los agentes fronterizos encontraron a más de 49 mil migrantes entre los puertos de entrada.
Los líderes del condado y las organizaciones sin fines de lucro estaban preocupados por lo que sucedería después del 31 de marzo si se quedaban sin fondos federales. Eso probablemente habría significado una capacidad reducida en los refugios para migrantes, además de la liberación de cientos de migrantes y solicitantes de asilo en estaciones de autobuses y otros lugares en ciudades más pequeñas sin infraestructura de transporte, dejando a los migrantes varados.
La gobernadora Katie Hobbs expresó su alivio en una declaración escrita distribuida el martes por el condado de Pima de que continuarán sus operaciones brindando asistencia humanitaria a los migrantes liberados y solicitantes de asilo en la frontera. También elogió a la delegación del Congreso del estado por asegurar fondos adicionales para el Programa de Alojamiento y Servicios.
El Departamento de Emergencias y Asuntos Militares del estado ha estado transportando subvenciones de Douglas, Nogales y Casa Grande a Tucson y Phoenix. Su administración ayudó al condado de Pima a comprar un gran centro de llamadas que ahora funciona como el principal refugio y centro de admisión de inmigrantes de Casa Alitas en Tucson.
"Desde el principio, he seguido comprometido a priorizar las soluciones prácticas sobre el juego político al abordar la crisis fronteriza, y hoy ese compromiso está dando resultados", dijo Hobbs. "En el futuro, continuaré trabajando estrechamente con nuestros socios federales para garantizar la rápida distribución de estos fondos para apoyar a las comunidades fronterizas de Arizona, salvaguardando la seguridad de nuestras familias mientras luchamos para evitar liberaciones callejeras sin paliativos".
Comuníquese con el reportero Rafael Carranza por correo electrónicorafael.carranza@arizonarepublic.com o en X, antes Twitter,@rafaelcarranza.
Traducción Alfredo García