Juez declara en desacato a alguacil de Maricopa por caso de discriminación contra latinos

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Un juez federal dio un paso familiar recientemente, al encontrar al alguacil del Condado Maricopa, Paul Penzone, en desacato civil a sus órdenes judiciales.

El juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Murray Snow en Phoenix, encontró que la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO por sus siglas en inglés) tardó demasiado en cerrar las investigaciones sobre la mala conducta del personal, en un fallo del pasado martes.

Ese número de casos ha aumentado a más de 2 mil, y los investigadores tardan en promedio casi dos años en cerrarlos.

Snow ordenó a la Oficina del Alguacil que comenzara a reducir su creciente acumulación de investigaciones internas sobre todas las denuncias de mala conducta o, de lo contrario, enfrentaría severas sanciones financieras que tendrían que pagar los contribuyentes.

Es el mismo juez que encontró al ex alguacil Joe Arpaio en desacato civil y penal a sus órdenes.

El retraso se deriva de una serie de reformas ordenadas por la corte que la Oficina del Alguacil debe cumplir después de que Snow descubriera que el departamento estaba involucrado en la caracterización racial sistemática y generalizada de los latinos bajo el entonces alguacil Arpaio. Las reformas incluyeron la creación de un sistema para que los miembros de la comunidad informen y luego hagan que la agencia investigue la mala conducta de los empleados.

“La falta de completar las investigaciones de manera oportuna se ha vuelto tan extrema que hace que las investigaciones sean completamente ineficaces y no brindan ningún servicio ni al denunciante ni al personal de MCSO”, escribió Snow en su orden esta semana.

Penzone, el alguacil actual, ha argumentado durante mucho tiempo que si bien el departamento no cumple totalmente, ha realizado un proceso significativo.

Snow anunció sus planes de emitir el fallo de desacato contra Penzone en agosto, por no cumplir con las reformas ordenadas por la corte en la agencia que ha dirigido desde el 2017.

Penzone sustituyó a Arpaio como alguacil del Condado Maricopa en noviembre del 2016. Heredó la responsabilidad de implementar las reformas requeridas por las órdenes judiciales de Snow.

Snow ordenó reformas después de descubrir que el alguacil Arpaio y la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa se habían involucrado en la discriminación racial generalizada, al señalar a los conductores latinos en las paradas de tránsito.

Arpaio, en su controvertida campaña de alto perfil para reprimir la inmigración ilegal, ordenó “patrullas de saturación” en áreas mayoritariamente latinas del condado, deteniendo a los conductores y realizando arrestos. Numerosos ciudadanos estadounidenses y residentes legales fueron detenidos en estas patrullas.

En 2008, algunos de estos conductores demandaron a Arpaio en una petición colectiva conocida como Melendres v. Arpaio. Manuel Ortega Melendres fue uno de esos detenidos, a pesar de que se encontraba legalmente en el país.

En mayo del 2013, casi un año después de que se llevara a cabo un juicio por el caso en Phoenix, Snow falló en contra del hallazgo de Arpaio de que la Oficina del Alguacil había violado los derechos constitucionales de los conductores y había utilizado la raza para detenerlos.

Snow emitió una orden judicial que exige una mayor supervisión de la agencia y nombró a un supervisor judicial. Pero en mayo del 2016, Snow emitió una segunda orden después de encontrar a Arpaio y su personal en desacato civil al tribunal por ignorar los requisitos de supervisión bajo su orden anterior para erradicar la discriminación racial.

Snow remitió a Arpaio a otro juez federal en Phoenix para enfrentar cargos penales por desacato. En julio del 2017, fue declarado culpable, pero el expresidente Donald Trump emitió un indulto antes de la sentencia de Arpaio.

Desde el 2008, la demanda y las reformas ordenadas por los tribunales han costado a los contribuyentes del condado más de 200 millones de dólares.

En la orden del martes, Snow afirmó que hay más de 2 mil 100 investigaciones pendientes y que MCSO tarda en promedio más de 600 días en cerrarlas. El período de tiempo para investigar las quejas ha aumentado cada año, lo que genera dudas sobre la capacidad de Penzone para abordarlas de manera adecuada.

“Sin duda, el alguacil Penzone ha tenido al menos algunas dificultades para implementar las órdenes de la corte en el entorno actual. Sin embargo, no demuestra que haya tomado todas las medidas razonables para cumplir con la orden, especialmente porque ha aumentado el retraso”, escribió Snow.

“El retraso, a pesar de que el alguacil Penzone lo sabe, solo empeora”, agregó el juez. “Puede ser que el alguacil Penzone acoja con beneplácito la intervención de este tribunal a modo de remedios por desacato para solucionar ese retraso. En cualquier caso, deja al tribunal con pocas opciones para obtener el cumplimiento de sus órdenes. Por lo tanto, el tribunal declara al alguacil en desacato civil”.

Para remediar el retraso, Snow describió los pasos adicionales que debe tomar la Oficina del Alguacil. Primero, ordenó a la agencia que mantuviera la dotación de personal en 39 investigadores como parte de la Oficina de Estándares Profesionales del departamento (PSB por sus siglas en inglés), que es responsable de investigar la mala conducta de los agentes. También pone al condado en peligro financieramente por no abordar el retraso.

Siete de esos puestos no han sido ocupados, algunos de ellos desde al menos el 2018, según un informe de un experto en gestión judicial, a pesar de que los puestos están financiados, señaló la orden judicial. Snow le dio a Penzone 60 días más para ocupar esos puestos, o el condado tendrá que pagar el equivalente al triple de salarios por cada puesto que quede vacante.

Ese dinero se destinaría a un fondo de dotación de personal de la Oficina de Normas Profesionales. MCSO puede usar esa cantidad de dinero para contratar investigadores adicionales o contratistas independientes para ayudar a abordar la acumulación de investigaciones.

“Los acusados pueden evitar el pago de multas si ocupan los puestos vacantes en PSB, emple a los contratistas para que integren el personal de PSB y reducen constantemente la acumulación. El Tribunal espera que MCSO reduzca el retraso a un ritmo razonable: al menos 20 casos cada mes”, agregó Snow.

La ejecución de la orden componente emitida el martes estará a cargo de Robert Warshaw, el supervisor judicial independiente designado por Snow, siempre que se mantenga el retraso. Se hará un seguimiento del progreso en los informes trimestrales que Warshaw envía a Snow.

“Se acabó el tiempo de las excusas: el alguacil Penzone ha tenido más de seis años para solucionar los problemas que continúan afectando a esta agencia y demostrarle a la corte y a nuestros clientes que está dedicado a reconstruir la confianza en la comunidad latina”, señaló Christine Wee, abogado principal de la ACLU de Arizona.

“Bajo el liderazgo del alguacil Penzone, MCSO ha continuado deteniendo a los conductores latinos y negros a tasas significativamente más altas que a los conductores blancos y no ha podido reparar un proceso lento e incompleto que permite retrasos espantosos en las investigaciones de mala conducta”, dijo Wee.

“No debería ser necesaria una orden de desacato para que el alguacil Penzone finalmente aborde estos problemas evidentes en el departamento”.

Penzone dijo que entendía la decisión del tribunal pero no estaba de acuerdo con ella.

El alguacil afirmó que su oficina actualmente cumplía con el 92 por ciento de la orden que se enfoca en investigaciones internas. En una respuesta escrita a las preguntas sobre el fallo, Penzone expuso que se ha determinado que esas investigaciones son de “alta calidad e imponen la disciplina apropiada”.

“Desde que me convertí en alguacil, hemos cerrado más de 4 mil 397 investigaciones”, escribió Penzone. “A pesar de nuestro arduo trabajo y considerable personal, el volumen de casos fue abrumador y superó la capacidad de nuestra división de asuntos internos”.

La Oficina del Alguacil le dijo a un experto en administración de tribunales que había duplicado el tamaño de la Oficina de Estándares Profesionales, su rama de investigación. Sin embargo, en su informe publicado en julio, el experto en administración de tribunales descubrió que la cantidad de investigadores, que tendrían el mayor impacto para abordar el trabajo atrasado, se había mantenido más o menos igual.

Raúl Piña es miembro de la Junta Asesora Comunitaria de la Oficina del Alguacil. Se estableció para ayudar a la agencia a reconstruir la confianza con la comunidad después de la demanda por discriminación racial, especialmente entre los latinos, que representan un tercio de los 4.5 millones de residentes del condado.

Un informe de tráfico publicado en junio encontró que las paradas de tráfico para los latinos en el Condado Maricopa tenían más probabilidades de durar más y ocurrir con más frecuencia. Piña aseguró que el atraso para abordar las quejas creó más desafíos para reconstruir la confianza, especialmente si continúa la discriminación racial.

“Si hay pruebas de eso y pones una denuncia, ¿a quién va? ¿Qué le sucede? Podrían pasar meses antes de que se aborde la denuncia”, dijo. “Así que el retraso es enorme. MCSO necesita poner a trabajar los recursos necesarios para arreglar eso. De lo contrario, no hay confianza en el proceso de denuncia”.

Piña también afirmó que el creciente atraso y el hecho de haber financiado los puestos vacantes para abordarlo, también hablaban de la falta de prioridad de la Oficina del Alguacil para solucionar el problema.

Si bien Penzone dijo que está comprometido a resolver el atraso en la investigación, citó al COVID-19, las protestas, la seguridad electoral, una crisis de fentanilo y la dificultad para retener y contratar como los desafíos que han obstaculizado el progreso de la agencia.

“La seguridad pública sigue siendo mi principal prioridad mientras continúo cumpliendo con los requisitos de la corte”, afirmó Penzone. “Seguiremos avanzando”.

Traducción Alfredo García