Residentes de Phoenix demandan a la ciudad por supuestos daños causados por campamentos de indigentes
Taylor Seely
Un grupo de residentes de Phoenix ha demandado a la ciudad por un campamento de indigentes al oeste del centro de la ciudad diciendo que les ha causado un daño irreparable y que la ciudad tiene que arreglarlo.
Quince residentes, dueños de casas, negocios y terrenos entre las avenidas 7 y 15 y entre las calles Van Buren y Grant, dicen que el campamento los ha sometido a violencia y ha dañado su propiedad y ha ensuciado su área con basura y desechos humanos.
Peor aún, dicen en una demanda presentada el 10 de agosto en el Tribunal Superior del Condado Maricopa, es la "crisis humanitaria" que se está produciendo en la que las personas que viven en la calle son encontradas regularmente muertas en la zona. Señalan artículos de los medios de comunicación que muestran que 500 personas sin hogar murieron en Phoenix en 2021.
Los residentes afirman que la ciudad ha actuado de forma ilegal e inconstitucional al promulgar políticas que "concentran" a las personas sin hogar en esta zona transportándolas allí desde otros lugares. La ciudad no promulga entonces políticas que prohíban las actividades ilegales, como la vagancia o la conducta ebria y desordenada, alega la demanda.
En efecto, la ciudad ha "descuidado y exacerbado simultáneamente" la crisis de los sin techo, dice la demanda.
La demanda no se dirige al Campus de Servicios Humanos de la zona, que ofrece refugio nocturno a 470 personas sin hogar, sino a las zonas circundantes de las avenidas 9 y 13, donde al menos 400 personas han instalado tiendas de campaña.
El abogado Ilan Wurman dijo que los residentes que demandan siempre han entendido que existe una cierta cantidad de personas sin hogar en el Valle, particularmente en su área. Pero ha empeorado desde 2019 después de que un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito anuló una ley en Boise que hacía ilegal la acampada urbana, dicen.
El fallo de 2018 sentó el precedente de que las ciudades no podían criminalizar a las personas sin hogar si no hay un refugio interior accesible para ellas.
"Para ser claros, no estamos desafiando esa decisión en absoluto. No queremos enviar a estas personas sin hogar a la cárcel", dijo Wurman. "De lo que se trata este caso es de que la ciudad de Phoenix ha utilizado el caso del 9º Circuito como excusa para abdicar de su responsabilidad en la crisis de los sin techo".
Wurman dijo que la mayoría de los propietarios de viviendas y propiedades que demandan formaban parte de una coalición residencial que trató de trabajar con la ciudad de forma amistosa para que se abordaran sus preocupaciones, pero sienten que la ciudad se ha rendido.
Los residentes no piden una indemnización por daños y perjuicios a la ciudad, sino que piden a un juez que ordene a la ciudad que "se abstenga de ampliar, mantener y/o operar" el campamento y que "reduzca inmediatamente las molestias".
Wurman dijo que a los residentes les gustaría ver una solución a largo plazo, como refugios permanentes disponibles para las personas que viven en tiendas de campaña, pero a corto plazo, la ciudad debe crear "terrenos de acampada estructurados" donde se pueda hacer cumplir la ley y mantener la limpieza en lotes de la ciudad, tal vez cerca del aeropuerto.
No es caro ni difícil de hacer, dijo Wurman a The Arizona Republic. "La ciudad... no tiene la voluntad política. No quieren resolver este problema".
Los funcionarios de la ciudad podrían tratar de impugnar la legalidad de la demanda. De lo contrario, un juez de la corte podría convocar una audiencia sobre la solicitud de alivio inmediato de los residentes.
El portavoz de la ciudad, Dan Wilson, dijo que la ciudad "se compromete a atender las necesidades de todos los residentes y propietarios mientras trabajamos con socios locales y regionales para abordar los complejos problemas que rodean a las personas sin hogar."
Señaló las estrategias que la ciudad adoptó para hacer frente a los sin techo. "La ciudad ... dedicó casi 50 millones de dólares en soluciones que incluyen refugios, aumento de viviendas asequibles y servicios de salud mental. ... El Ayuntamiento de Phoenix también aprobó recientemente 70.5 millones de dólares en programas de vivienda asequible y para personas sin hogar."
Los funcionarios de la ciudad no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Republic.
La alcaldesa Kate Gallego se negó a comentar, diciendo que estaba en litigio.
Los residentes demandantes afirman que los desechos humanos y las condiciones peligrosas son una carga
Las fotografías incluidas en la demanda muestran ventanillas de coches destrozadas por aparentes robos, personas drogándose y orinando activamente en los edificios, así como lo que parecen ser heces humanas esparcidas por varias zonas.
Las fotos también muestran a personas que parecen ser indigentes durmiendo junto a los edificios, y filas de tiendas de campaña y basura cubriendo las calles y aceras.
Freddy Brown, presidente de PBF Manufacturing, que es uno de los demandantes que han interpuesto una demanda contra la ciudad, dijo que sus empleados limpian con frecuencia la orina de las paredes del edificio y que los residuos a veces llegan al interior de las instalaciones.
Por la noche, los empleados tienen miedo de salir del edificio por su seguridad y uno de sus trabajadores fue agredido por una persona que vivía en la calle, según la demanda.
Joel y Jo-Ann Coplin afirman que los campamentos han cerrado básicamente su negocio, Gallery 119.
Según la demanda, les han prendido fuego al patio, les han roto las ventanas de los coches y les han lanzado una piedra a través de las ventanas de su propiedad. Están pensando en vender su negocio, pero temen que la propiedad no valga mucho.
La demanda también alega que los propietarios de una tienda de sándwiches de la zona, Joe y Deborah Faillace, encuentran agujas de droga en su negocio o en sus alrededores y que eso ha dificultado el cumplimiento de la normativa sanitaria del condado.
La limpieza de los campamentos de la ciudad forma parte de la investigación del Departamento de Justicia
La ciudad, por su parte, solía realizar limpiezas de campamentos. La ciudad lanzó un programa en 2018 llamado Phoenix C.A.R.E.S, por "Community Action Response Engagement Services".
Funcionarios de Phoenix dijeron a The Republic en 2020 que las limpiezas eran necesarias para sanear el área fuera del Campus de Servicios Humanos, donde la basura, las heces y los escombros se acumulan.
Esas limpiezas son ahora parte de la investigación del Departamento de Justicia sobre la policía de Phoenix. El DOJ ha señalado que las limpiezas pueden violar los derechos civiles de las personas sin hogar al tirar sus pertenencias.
Mientras que los residentes que demandan creen que la ciudad se rindió tras la sentencia del 9º Circuito que prohíbe la criminalización de las personas que duermen en público cuando no hay refugio disponible, los abogados dicen que esto no impide que una ciudad aplique leyes relacionadas con otras actividades ilegales.
Tristia Bauman, abogada principal del National Homelessness Law Center, dijo a The Republic en marzo que la idea de que la sentencia Martin V. Boise ataría las manos de una ciudad en cuestiones relacionadas con los sin techo es "simplemente una mentira".
Mientras tanto, la zona metropolitana de Phoenix registró este mes un nivel de desalojos récord.
El mes pasado se presentaron desalojos contra 6.,405 inquilinos en el condado de Maricopa. Es la cifra más alta desde octubre de 2008, hace 13 años, cuando hubo 6,975 solicitudes registradas por los tribunales, dijo Scott Davis, portavoz de los Tribunales de Justicia del Condado de Maricopa.
Traducción: Javier Arce