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Un año después, la investigación del Departamento de Justicia sobre la policía de Phoenix continúa

Arizona Republic

Ha pasado un año desde que el Departamento de Justicia de EE.UU. inició una investigación de gran alcance sobre el Departamento de Policía de Phoenix, pero no está claro si la investigación se cerrará pronto.

El departamento se ha enfrentado a un mayor escrutinio en los últimos años, en parte debido a su elevado número de tiroteos y a varias controversias muy publicitadas. Muchos de los incidentes se produjeron bajo la dirección de Jeri Williams, que anunció en mayo que se retiraría tras más de cinco años como jefa de policía.

A partir del 12 de septiembre, Michael Sullivan asumirá el cargo de jefe interino hasta que concluya la investigación del Departamento de Justicia. El sustituto permanente se elegirá en una fecha posterior, con la oportunidad de recibir aportaciones de la comunidad, dijeron los funcionarios de la ciudad.

La investigación civil sobre "patrones o prácticas" del DOJ, anunciada por el fiscal general Merrick Garland el pasado 5 de agosto, se centra en cinco áreas:

Uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía de Phoenix.
Represalias contra los manifestantes.
Prácticas policiales discriminatorias.
La respuesta de la policía a las personas con discapacidades y a las personas sin hogar.

Desde entonces, Phoenix ha gastado casi 2 millones de dólares por su papel en la investigación hasta ahora, según una actualización proporcionada al Ayuntamiento el 30 de junio.

Lo que Phoenix ha gastado en la investigación del DOJ

Más de la mitad del gasto de la ciudad se ha destinado a la compensación de nueve empleados a tiempo completo, según la actualización.

Esos empleados ya eran empleados del Departamento de Policía y del Departamento Jurídico de la ciudad, que fueron reasignados para centrarse principalmente en la investigación, dijo el portavoz de la ciudad Dan Wilson a The Arizona Republic. No hubo costes salariales "añadidos" puesto que ya estaban empleados por la ciudad, dijo Wilson.

La ciudad también gastó:

3,200 dólares en servicios de consulta de Danny Murphy, que tiene experiencia con las investigaciones del DOJ, según Wilson.
Casi 60,000 dólares en servicios jurídicos de Steptoe & Johnson LLP.
Más de 120,000 dólares para la formación y el uso de Relativity, un sistema de e-discovery para ayudar a procesar las solicitudes del DOJ.

Durante el último año, los funcionarios del Departamento de Justicia han celebrado al menos dos reuniones virtuales con la comunidad en Phoenix y han visitado el Departamento de Policía unas cuatro veces, según un sitio web de la ciudad que ofrece información actualizada sobre la investigación. Durante esas visitas, los investigadores entrevistaron a los agentes de policía, recorrieron las comisarías y participaron en los desplazamientos, según el sitio web.

También han presentado varias solicitudes de documentos relacionados con las políticas y los procedimientos de la policía de Phoenix, el uso de la fuerza y la mala conducta y la respuesta a la salud del comportamiento y las personas sin hogar, entre otros, mostró el sitio web.

A finales de junio, la ciudad produjo más de 80,000 documentos, que consisten en más de un millón de páginas, para el DOJ, según la actualización.

Algunos residentes fueron entrevistados por el DOJ; otros se niegan hasta que se cumplan las exigencias

Entre las solicitudes del DOJ había documentos relacionados con dos investigaciones de Ballard Spahr encargadas por la ciudad el año pasado sobre una moneda de desafío distribuida por los agentes de policía de Phoenix que se burlaba de un manifestante herido en 2017 y el papel de la policía de Phoenix en la acusación de un grupo de manifestantes de 2020 como miembros de pandillas, muestra la página web de la ciudad.

Joshua Cobin, el manifestante que aparece en la moneda de desafío, dijo a The Republic que recientemente participó en una entrevista con el DOJ. Dijo que no era vengativo, sino que esperaba que la investigación trajera una "reforma general" al Departamento de Policía.

"Que la policía celebre que alguien resulte herido en una protesta después de la forma en que la disolvieron... no creo que eso sea algo que debamos ver como 'proteger y servir'. Se supone que están trabajando para nosotros", dijo. "No estoy buscando una libra de carne ni nada por el estilo".

Otras personas también han hablado con los investigadores del DOJ, entre ellas entre 40 y 50 personas afectadas por las redadas de la policía de Phoenix y otras violaciones de los derechos civiles, dijo la organizadora de Fund for Empowerment, Elizabeth Venable. La organización, que se centra principalmente en las comunidades sin vivienda, ayudó a conectar a esas personas con el DOJ, dijo Venable.

Entre los entrevistados se encontraban dos organizadores de Fund for Empowerment, Frank Urban y Faith Kearns, a quienes se les tiró su propiedad y fueron objeto de acoso y multas por parte de la policía de Phoenix mientras estaban sin vivienda, según Venable.

El departamento participó en múltiples barridos de campamentos de indigentes sancionados por la ciudad, lo que dio lugar a denuncias de incautación de bienes ilegales. Algo más de 5,000 personas vivían en las calles del área metropolitana de Phoenix este año, un aumento del 33% respecto a las cifras de 2020.

"Tengo muchas esperanzas de que esta (la investigación del DOJ) y otras estrategias que estamos llevando a cabo cambien parte de la cultura en lo que respecta a la vigilancia de los ‘sin techo’ y la vivienda", dijo Venable.

Sin embargo, algunos grupos implicados en gran medida en el activismo policial en Phoenix aún no han colaborado con el DOJ en su investigación.

Mass Liberation Arizona y Black Lives Matter Phoenix Metro "se han comprometido a no hablar ni trabajar con" los investigadores del DOJ hasta que cumplan una lista de demandas de los grupos, dijo Keisha Acton, organizadora de BLM Phoenix Metro, a The Republic. Parte de sus demandas incluían añadir la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa a su investigación y garantizar que el resultado de la investigación reduzca "el tamaño y el alcance" del Departamento de Policía de Phoenix, según Acton.

Lola N'sangou, directora ejecutiva de Mass Liberation Arizona, confirmó que las demandas fueron emitidas el 9 de agosto durante la primera reunión virtual del DOJ con los residentes de Phoenix. Señaló que otras investigaciones del DOJ sobre los departamentos de policía en todo el país a menudo resultaron en decretos de consentimiento que eran "apenas ejecutables" y aumentaron los presupuestos de la policía.

"Efectivamente, sólo dijimos: 'Escuchen, no hay teatro'", dijo N'sangou. "Si estás aquí para hacer algo, tendrás que hablar con las personas directamente afectadas y tendrás que ver el panorama completo".

El Departamento de Justicia presenta cargos tras un año de investigación policial en Louisville

No está claro cuánto tiempo más podría durar la investigación sobre la policía de Phoenix. Un portavoz del DOJ declinó hacer comentarios porque la investigación estaba en curso.

El año pasado, la agencia también anunció investigaciones sobre "patrones o prácticas" en los departamentos de policía de Minneapolis, Louisville y Mount Vernon. Esas investigaciones también estaban en curso.

Las investigaciones federales de este tipo suelen durar años.

El jueves, a poco más de un año de su investigación sobre la policía de Louisville, los funcionarios del DOJ anunciaron que cuatro de los oficiales actuales y anteriores del departamento serían acusados en relación con una redada que mató a Breonna Taylor, de 26 años. Las muertes de Taylor y George Floyd a manos de la policía en 2020 desencadenaron protestas de meses de duración contra la brutalidad policial en todo el país, incluso en Arizona.

Las investigaciones del DOJ en otros siete departamentos de policía de todo el país tardaron una media de 18 meses en completarse, según la información recopilada por los funcionarios de Phoenix e incluida en su actualización del 30 de junio. De los siete, la investigación más larga del DOJ fue la del Departamento de Policía de Newark, que tardó 38 meses en completarse, según la actualización.

Cada una de esas investigaciones dio lugar a decretos de consentimiento entre 2012 y 2019 que todavía estaban en proceso de ejecución, mostró la información.

Los costes estimados de esas investigaciones y los subsiguientes decretos de consentimiento variaron. Seattle -que tuvo el precio más alto de los siete- gastó más de 100 millones de dólares en 2020 para implementar las reformas requeridas por su decreto de consentimiento, según la actualización. La investigación del Departamento de Justicia duró unos nueve meses y se centró en dos áreas: el uso excesivo de la fuerza y las prácticas policiales discriminatorias, según la actualización.

Traducción: Javier Arce