Clarence Dixon, preso condenado a muerte, es mentalmente competente para ser ejecutado
Dixon fue declarado culpable y condenado a muerte en 2008 por el asesinato de Deana Bowdoin en 1978. Su ejecución está prevista para el 11 de mayo.
Jimmy Jenkins
Un juez del Tribunal Superior del Condado Pinal ha determinado que Clarence Dixon, el preso condenado a muerte, es mentalmente apto para ser ejecutado. El juez Robert Olson escuchó argumentos el pasado 3 de mayo sobre si el estado mental de Dixon le impide o no comprende por qué el estado lo condenó a muerte.
Fue una de las últimas oportunidades para Dixon y su equipo legal de retrasar o cancelar la ejecución.
Dixon fue condenado y sentenciado a muerte en el 2008 por el asesinato en 1978 de la estudiante de la Universidad Estatal de Arizona Deana Bowdoin. Su ejecución está prevista para mañana 11 de mayo.
Los abogados de Dixon sostienen que él no comprende por qué lo están ejecutando, lo que hace que su ejecución sea inconstitucional. Su equipo legal presentó solicitudes de conmutación de la sentencia o el indulto ante la Junta de Clemencia Ejecutiva de Arizona a finales del mes de abril. Describieron cómo Dixon sufrió esquizofrenia desde una edad temprana, experimentó alucinaciones auditivas y visuales y llegó a mostrar pensamientos delirantes.
Pero los miembros de la Junta de Clemencia no aceptaron el argumento, encontraron que Dixon era mentalmente competente y negaron sus pedidos de clemencia.
El pasado martes 3 de mayo, los abogados de Dixon presentaron su caso ante el juez de la Corte Superior del Condado Pinal, Robert Olson, en una audiencia para determinar la capacidad mental de Dixon para ser ejecutado.
En una orden emitida esa noche, Olson reconoció que si bien Dixon tiene esquizofrenia, muestra "sofisticación" y "pensamiento coherente y organizado".
"El tribunal determina que Clarence Wayne Dixon no ha cumplido con su obligación... de demostrar que su estado mental está tan distorsionado por una enfermedad mental que carece de una comprensión racional de los motivos del Estado para su ejecución", escribió Olson en su orden.
El caso se centra en el estándar de competencia para las ejecuciones
Citando el caso de la Corte Suprema Panetti v. Quarterman, la defensora pública federal adjunta Amanda Bass aseguró que la prueba de la Octava Enmienda para determinar si una persona es mentalmente incompetente para ser ejecutada cuestiona "si la 'enfermedad mental de un preso obstruye una comprensión racional de la razón del estado por su ejecución'"
Los abogados de Dixon han argumentado que él cree que está siendo ejecutado debido a lo que percibe como una conspiración en su contra, no por el asesinato de Deana Bowdoin. Señalan que sus delirios esquizofrénicos le impiden comprender la verdadera naturaleza de la sentencia que se le impuso.
El experto en psiquiatría Dr. Lauro Amezcua-Patino, que testificó para la defensa, le dijo al tribunal que creía que Dixon estaba delirando y actuando irracionalmente.
Amezcua-Patino apuntó que pasó cerca de 40 horas revisando documentos del caso de Dixon y lo visitó cinco veces en las prisiones de Arizona a partir del 2011 para “tratar de comprender su pensamiento delirante”.
Él diagnosticó a Dixon con esquizofrenia, lo que confirma un diagnóstico anterior del Departamento de Correccionales de Arizona, dijo.
El experto explicó cómo Dixon nació como un "bebé azul", que es una condición en la que la falta de oxígeno en realidad hace que la piel de un bebé se vuelva azul. Este trauma desde el nacimiento, combinado con años de abuso psicológico y físico en su juventud, probablemente contribuyó a que Dixon desarrollara esquizofrenia a los 20 años, argumentó Amezcua-Patino.
Dijo que una evaluación psiquiátrica de los 20 años de Dixon mostró que comenzó a manifestar síntomas esquizofrénicos en aquel momento.
Si bien el estado ha argumentado que no hay registro de tratamiento en el Departamento de Correccionales para la esquizofrenia de Dixon, el psiquiatra explicó que los pacientes encarcelados con enfermedades mentales graves a veces no reciben tratamiento.
Amezcua-Patino destacó que la ilusión de Dixon de una conspiración en su contra es “inquebrantable” y que el preso ha sostenido esta creencia desde que lo conoce.
“Tiene esta ilusión muy consistente de que hay un complot del sistema judicial para matarlo”, señaló.
El especialista mental dijo que observó dos parámetros al evaluar la competencia de Dixon: Si es que Dixon tiene una comprensión fáctica y racional del proceso de ejecución y si es capaz de establecer un vínculo racional entre el crimen y el castigo. Le expuso a la corte que Dixon tampoco podía hacer eso.
El juez Olson comentó que había revisado las prolíficas presentaciones legales de Dixon y bromeó diciendo que muchas de ellas fueron redactadas con más habilidad que las presentadas por algunos abogados que conocía.
Pero Amezcua-Patino argumentó que conocer la ley y tener conocimiento de los hechos no es lo mismo que tener una comprensión racional.
“Si la base de sus alegatos es irracional”, dijo, “no importa cuánto conozca los hechos. La premisa principal sigue siendo irracional”.
En un intento de refutar las afirmaciones de la defensa, el Estado presentó el testimonio de un perito que nunca antes había realizado una evaluación de competencia mental para alguien que va a ser ejecutado.
A pesar de que solo pasó unos 70 minutos hablando con Dixon en una videoconferencia, el Dr. Carlos Vega le dijo a la corte que creía que Dixon tenía creencias engañosas, pero que no lo encontró ni delirante ni incompetente.
Vega explicó que no es médico y testificó que nunca había diagnosticado ni tratado a nadie por esquizofrenia.
Citó los comentarios que hizo Dixon sobre su propio caso, así como reflexiones sobre el panorama político actual, como evidencia de la conciencia mental de Dixon.
“Hay una tendencia de las personas que son esquizofrénicas, que no están en contacto con la realidad”, aseguró Vega. Pero creía que Dixon era "muy consciente de la realidad".
Vega señaló que grabó su entrevista con Dixon, pero destruyó la grabación de audio después de preparar su informe para el estado.
El perito dijo que la insistencia de Dixon en una conspiración en su contra se atribuía más a un trastorno de personalidad que a la esquizofrenia.
“Él está completamente consciente, completamente convencido” de la conspiración, apuntó Vega. “¿Está equivocado? Quizás. ¿Percibe mal los hechos? Quizás. Pero la gente no tiene que estar delirando para ser arrogante y narcisista”.
Vega calificó la afirmación de incompetencia mental de la defensa como “completamente infundada”.
Cuando un abogado de la acusación le preguntó si creía que Dixon tenía una comprensión racional del razonamiento del estado para su ejecución, y si Dixon hizo la conexión entre el asesinato de Bowdoin en 1978 y su próxima ejecución, Vega dijo "sí".
'Fundamentalmente irracional'
En sus comentarios finales, el asistente del defensor público federal Bass explicó que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que no era suficiente que alguien simplemente tuviera conocimiento de que cometió un asesinato y que sería ejecutado para establecer la competencia mental.
“La evidencia ante el tribunal hoy establece que Clarence sufre un trastorno psicótico de larga data, a saber, esquizofrenia paranoide”, expuso. “La enfermedad esquizofrénica de Clarence y los delirios que la caracterizan le impiden comprender racionalmente las razones del estado para ejecutarlo”.
Bass argumentó que bajo el fallo de Panetti, la comprensión de Dixon de por qué será ejecutado es “fundamentalmente irracional, lo que lo vuelve mentalmente incompetente para ser ejecutado”.
En reacción al fallo, Eric Zuckerman, abogado de Dixon, aclaró que apelaría el fallo.
"Aunque el registro muestra claramente que no es mentalmente competente para ser ejecutado, la confianza del Tribunal Superior en el testimonio desacreditado de un experto no calificado que admitió haber destruido la única grabación de su entrevista con el Sr. Dixon poco antes de la audiencia y nunca preguntar el motivo por el que el señor Dixon cree que lo están ejecutando es profundamente alarmante”, dijo Zuckerman.
"Le pediremos a la Corte Suprema de Arizona que aplique el estándar correcto y se asegure de que el Sr. Dixon no sea ejecutado mientras sea mentalmente incompetente en violación de la Octava Enmienda".
Traducción Alfredo García