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CBP disolverá unidades de la Patrulla Fronteriza acusadas de encubrimientos en Arizona


Los equipos de incidentes críticos de CBP se utilizan para procesar incidentes críticos que involucran a sus propios agentes. A partir de octubre, ese ya no será el caso.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos emitió un memorando la semana pasada anunciando que los Equipos de Incidentes Críticos de la Patrulla Fronteriza, que han sido acusados de encubrir irregularidades de oficiales, ya no se utilizarán en el procesamiento de incidentes críticos que involucren a agentes de CBP a partir de octubre.

El anuncio se produce meses después de que los demócratas del Congreso instaran en una carta a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO por sus siglas en inglés) a investigar el uso de Equipos de Incidentes Críticos para procesar escenas de acontecimientos graves.

La carta, enviada en enero, fue motivada por las preocupaciones de las organizaciones de derechos civiles que afirman que las unidades se han utilizado para encubrir incidentes de violencia excesiva por parte de los agentes del CBP.

Más de 200 ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos, han sido asesinados por agentes de CBP desde el 2010, según la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, una organización que dice que su objetivo es erradicar políticas fronterizas peligrosas que han puesto en juego los derechos humanos de los migrantes.

Estos números se disputan ya que se cuentan a partir de la cobertura de los medios y comunicados de prensa. Según un informe del 2022 de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, CBP no informa de manera confiable las muertes de migrantes a pesar de implementar un programa en el 2017 que tiene como objetivo ayudar a la agencia a rastrear los informes de las muertes de personas bajo su custodia.

Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (OPR por sus siglas en inglés), "la Patrulla Fronteriza no ha recopilado ni registrado, ni informado al Congreso, datos completos sobre las muertes de migrantes, ni ha revelado las limitaciones de datos asociadas", afirma el informe.

CBP es la agencia federal de aplicación de la ley más grande del país. Ningún agente de la Patrulla Fronteriza en servicio ha sido condenado por un incidente de asesinato desde la creación de la agencia en el 2003.

El memorando con fecha del 3 de mayo establece que la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR por sus siglas en inglés), una rama dedicada a garantizar la rendición de cuentas por mala conducta profesional entre los empleados de CBP, estará completamente a cargo de la investigación de incidentes críticos.

Las pautas anteriores requerían que el uso de Equipos de Incidentes Críticos  se hiciera bajo la supervisión de un comandante de OPR. A partir del 1 de octubre del 2022, se asignará a la OPR la responsabilidad total de esa función, según el memorando.

El comunicado indica que el Departamento de Seguridad Nacional proporcionará a la OPR los recursos para contratar personal adicional para asumir la tarea.

"Si bien la OPR está financiada para incorporar hasta 350 empleados nuevos utilizando esta autoridad presupuestaria de dos años, las estimaciones iniciales son que se debe contratar y capacitar a una cantidad significativa de personal nuevo para garantizar que la OPR pueda llevar a cabo su función de respuesta al incidente crítico", aseguró el comisionado de CBP, Chris Magnus, en el memorando.

En un comunicado de prensa, la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur elogió a CBP y a Magnus por "responder a las preocupaciones de la comunidad" y detener una práctica que se había llevado a cabo en secreto durante más de tres décadas.

Una demanda de responsabilidad

En diciembre del 2021, una mujer de Nogales, Arizona, presentó un reclamo contra CBP después de que un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó en la cabeza.

Se sospechaba que Marisol García Alcantara, de 37 años de edad, intentó ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en junio del 2021 después de que los agentes de CBP la encontraran sentada en el asiento trasero de un vehículo que detuvieron en la frontera.

Según los abogados de García, las políticas de CBP prohíben el uso de armas de fuego únicamente para inutilizar un vehículo, pero un agente disparó su arma contra el vehículo y dio en la cabeza de García.

Después de sobrevivir al incidente y ser dada de alta del hospital, García fue deportada. Como consecuencia del tiroteo, García está en riesgo constante de sufrir convulsiones por los fragmentos de bala alojados en su cerebro, señaló a la agencia The Associated Press.

En febrero, ocurrió un incidente similar al norte de Douglas cuando un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó fatalmente a un migrante masculino, luego identificado como Carmelo Cruz-Marcos, a unas pocas millas al norte de la frontera con México.

La Oficina del Sheriff del Condado Cochise emitió un comunicado en la red social Facebook informando la muerte de Cruz-Marcos unos días después del incidente, pero no proporcionó detalles sobre la causa de sus lesiones.

El CBP luego confirmó en un comunicado que un agente de la Unidad de Patrulla de Caballos de la Estación de la Patrulla Fronteriza de Douglas le disparó fatalmente a Cruz-Marcos después de que supuestamente trató de escapar de ser detenido.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona ayudó a recuperar el cuerpo de Cruz-Marcos después del tiroteo. Unos días después, la Oficina del Médico Forense del Condado Pima publicó los resultados de su examen post-mortem, que confirmó que murió de varias heridas de bala del agente en el pecho y el abdomen.

El Consulado de México confirmó que Cruz-Marcos era mexicano.

Alba Jaramillo, copresidenta de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur y directora ejecutiva de Justicia de Arizona para Nuestros Vecinos, un Ministerio de Inmigración Metodista Unido, había dicho previamente al periódico The Arizona Republic que "el secreto y la impunidad" de estos actos es una "preocupación de seguridad pública". 

“Exigimos rendición de cuentas y transparencia. Exigimos justicia para la familia de esta persona”, señaló Jaramillo previamente a The Republic luego de la muerte del hombre.

La Coalición de Comunidades de la Frontera Sur pidió a la GAO que continúe investigando a la CBP para obtener un informe completo de las acciones de los equipos de incidentes críticos y evaluar cualquier obstrucción a la justicia.

Traducción Alfredo García