Persiste preocupación humanitaria al reiniciarse política ‘Permanecer en México’
La decisión de la administración de Biden de reiniciar los Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México ha decepcionado y enojado a defensores de derechos de inmigrantes en Arizona y Sonora, quienes esperaban que Biden avanzara con planes para darle fin al programa.
El anuncio de reiniciar el programa, conocido popularmente como "Permanecer en México", se dio el jueves.
A partir del lunes, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) reanudará la práctica de enviar solicitantes de asilo a siete ciudades fronterizas mexicanas, entre ellas Nogales, Sonora, para esperar el resultado de sus procedimientos.
La nueva versión de este programa se basa en gran parte en la misma infraestructura que la anterior, que terminó en enero cuando Biden suspendió la implementación de MPP en su primer día al mando.
Por su parte, el gobierno mexicano anunció que aceptará a migrantes bajo el programa, siempre y cuando la administración de Biden se comprometa a abordar las preocupaciones humanitarias.
Aunque la reimplementación toma en cuenta algunas de estas consideraciones, "todavía es un sistema roto", dijo Gia del Pino de Kino Border Initiative, una organización que brinda apoyo y refugio a migrantes en Nogales, Sonora.
"No vemos que sea mejor. Es inhumano y va de la mano con el Título 42", dijo del Pino, refiriéndose a la regla de salud pública por el COVID-19 mediante la cual EEUU continúa expulsando a la mayoría de migrantes que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México. incluidos los solicitantes de asilo.
La organización ha presionado para que se terminen ambas políticas y exige la restauración del acceso al asilo.
"Simplemente no es posible hacer que un proceso inhumano sea humano", agregó.
Nuevo plan recibe reacción escéptica
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió una guía adicional el jueves sobre el lanzamiento del programa. Esta vez hay algunas diferencias notables.
Por ejemplo, anteriormente la mayoría de los migrantes colocados en MPP eran de Centroamérica, pero también había migrantes de otros países de hablahispana y Brasil.
Las nuevas pautas rigen que el programa puede aplicarse a migrantes de “cualquier país del hemisferio occidental que no sea México”, probablemente aludiendo a la inclusión de haitianos.
También amplían las categorías de personas vulnerables que están exentas del programa, como aquellas con problemas de salud mental o física, personas de avanzada edad y migrantes LGBTQ+ que están “en mayor riesgo de sufrir daños en México debido a su orientación sexual o identidad de género”.
CBP también ofrecerá a los migrantes inscritos en MPP una vacuna contra el COVID-19 antes de su regreso a México. Se requerirá un comprobante de vacunación para que asistan a sus audiencias judiciales en EEUU.
Pero hay otros cambios planificados en el programa que han sorprendido a defensores de inmigrantes en Arizona.
En el anuncio del jueves, el DHS se comprometió a concluir los procedimientos de asilo "dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México". Las pautas para reanudar MPP también describieron algunos pasos para aumentar el acceso a asesoría legal, incluido el acceso a un teléfono o video mientras el solicitante se encuentra bajo la custodia del DHS, así como la oportunidad de reunirse con abogados en privado antes de las audiencias judiciales.
Chelsea Sachau, del Florence Project en Tucson, dijo que la información en los documentos del gobierno no siempre cuadra con la realidad.
Señaló algunos de los desafíos para concluir los procedimientos en seis meses, entre ellos un enorme retraso en los casos de inmigración y que la mayoría de los solicitantes de asilo no pueden obtener asesoramiento legal en primer lugar, especialmente mientras se encuentran en otro país.
"En realidad, no resuelve el problema de que alguien tenga que representarse a sí mismo en un tribunal en circunstancias increíblemente desafiantes, en un proceso muy agotador", dijo.
"La cantidad de pruebas y las cosas que los solicitantes de asilo tienen que comprobar para ganar su caso es increíblemente difícil”, agregó.
Sachau también dijo que vigilaría de cerca cómo los gobiernos de Estados Unidos y México abordan el tema del transporte de migrantes inscritos en MPP hacia y desde las audiencias judiciales.
Si bien EEUU devolverá a los migrantes a siete ciudades fronterizas mexicanas, se les exigirá que viajen a una de las cuatro ciudades fronterizas de Estados Unidos para sus audiencias judiciales. A lo largo de la frontera de Arizona, los migrantes que regresen a Nogales deberán viajar a Ciudad Juárez para asistir a las audiencias judiciales en El Paso.
Las pautas del DHS dicen que el Departamento de Estado de EEUU ayudará a coordinar el transporte en México para solicitantes a los puertos de entrada. Pero Sachau cuestionó cómo funcionará eso y si la participación de funcionarios mexicanos en el proceso podría crear oportunidades adicionales para abusar o extorsionar a los migrantes, como se informó anteriormente al otro lado de la frontera.
Sachau duda que los cambios hagan una diferencia real.
"Al final del día, este programa va a ser tan problemático como siempre lo ha sido", dijo.
Sigue siendo necesario 'fortalecer asociaciones'
Cientos de familias migrantes, efectivamente prohibidas para solicitar asilo bajo la política de salud pública del Título 42, ya están esperando en Nogales, Sonora.
La administración de Biden dijo que continuaría devolviendo a los migrantes bajo el Título 42. Aquellos que no sean devueltos serán elegibles para inscribirse en "Permanecer en México" si cumplen con los criterios.
Actualmente existen cuatro albergues en la ciudad fronteriza: el centro de ayuda al migrante del Kino Border Initiative, el Refugio para Migrantes San Juan Bosco, la Casa de la Misericordia y Todas las Naciones y el albergue La Roca.
A principios de octubre, un comité de nueve personas que representaba a las familias se reunió con el presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim, en el centro del Kino Border Initiative para expresar las necesidades y preocupaciones de unos 400 migrantes que viven temporalmente en la frontera.
Gim le dijo al comité que su administración trabajará para ofrecer trabajos temporales y facilitar la inscripción escolar para los hijos de padres solicitantes de asilo. En noviembre, la ciudad también donó 400 vacunas contra el COVID-19 para migrantes centroamericanos, así como para ciudadanos mexicanos que no pudieron registrarse en Nogales.
Al momento de publicación, Gim no respondió a una solicitud por comentario de parte de este diario.
"Creo que todas esas son señales de que existe una colaboración y una asociación positivas que está creciendo", dijo del Pino. Esa relación deberá fortalecerse cuando se reinicie MPP, ya que habrá más personas en Nogales esperando sus audiencias en la corte, dijo.
"Necesitamos desarrollar más capacidad dentro de la comunidad para recibir a estas familias, para recibir a estas personas".
KBI se asegurará, para todos los migrantes que lleguen a su albergue, de que su proceso de asilo se esté manejando de la manera que estipulan las nuevas pautas, dijo del Pino.
Gilda de Loureiro, directora del refugio San Juan Bosco en Nogales, dijo que funcionarios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Migración Internacional en Nogales le informaron el jueves sobre la decisión del gobierno de Biden de reiniciar MPP.
San Juan Bosco es a menudo la primera parada para migrantes retornados o deportados en Nogales, pero, al igual que con otros albergues, tuvo que reducir su capacidad debido a la pandemia de COVID-19. Desde julio, ha requerido una prueba negativa del COVID-19 o una prueba de vacunación de los migrantes para permanecer allí.
De Loureiro dijo que el refugio estaba listo para recibir a más migrantes. Actualmente, hay más de 100 migrantes alojados allí, pero tiene la capacidad de proporcionar 200 camas adicionales si es necesario. Desde el inicio de MPP en enero de 2020, se ha eliminado su política de un máximo de estadía de tres días.
"Siempre estamos listos para recibir a las personas que necesitan quedarse en el albergue”, dijo.
"No hay certeza de que se quedarán en Nogales, pero tenemos que estar preparados para que, si sucede, no nos tomen desprevenidos".
Preocupaciones por seguridad y derechos humanos
Los grupos del crimen organizado a menudo se dirigen a las familias migrantes. Los refugios y las organizaciones de derechos humanos documentaron miles de casos de abuso contra quienes esperaban bajo el programa MPP.
Human Rights First, una organización internacional con sede en Washington D.C., y la ciudad de Nueva York, registró 1,500 informes de asalto violento y secuestro.
“La política 'Permanecer en México' fue un desastre humanitario cuando se implementó por primera vez, y está condenada a volver a serlo”, dijo Eleanor Acer, directora para la protección de refugiados de Human Rights First.
La organización anunció que continuaría "documentando los abusos a los derechos humanos sufridos por las personas que son rechazadas para esperar en peligro" mediante reinicia el MPP.
Se supone que las nuevas pautas incluirán consideraciones de seguridad local y capacidad de albergue, pero aún no está claro cómo se desarrollará esto y si las autoridades mexicanas cambiarán la forma en que atienden la crisis humanitaria.
“Es descorazonador la falta de una estrategia de seguridad por parte del gobierno federal y estatal de México para proteger a los migrantes, ya sean de México, Centroamérica o el Caribe, en su tránsito hacia Estados Unidos”, dijo el jurista mexicano Arturo Castellanos-Canales, un asociado de políticas y defensa en el Foro Nacional de Inmigración.
México ha respondido a la gran cantidad de migrantes que se mueven por su territorio como un problema de seguridad nacional. El país ha desplegado 27,000 efectivos de la Guardia Nacional en su mayoría en la frontera sur de México con Guatemala, lo que ha dado lugar a numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, que concluyó su primera visita oficial a México la semana pasada, señaló que los migrantes son un grupo particularmente vulnerable y pidió a las autoridades mexicanas que desarrollen una estrategia de prevención.
Castellanos-Canales señaló que la sociedad, en general, también tiene la culpa, ya que debería exigir más a las autoridades mexicanas en su respuesta a un tema humanitario.
“Todos hemos fallado en la protección de los derechos de los migrantes”, dijo.
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