Supremo avala norma de 'carga pública' contra migrantes
Con una votación de 5-4 en la que prevalecieron los magistrados conservadores, se avaló la aplicación de la norma, que el Ejecutivo anunció en agosto de 2019 y debía entrar en vigor en octubre pero fue bloqueada por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.
Washington, D.C.- El Tribunal Supremo dio este lunes luz verde al Gobierno para que aplique la norma de "carga pública", por la que puede rechazar los permisos de residencia a migrantes que reciban beneficios públicos, decisión que encendió de inmediato las críticas de organizaciones civiles.
Con una votación de 5-4 en la que prevalecieron los magistrados conservadores, se avaló la aplicación de la norma, que el Ejecutivo anunció en agosto de 2019 y debía entrar en vigor en octubre pero fue bloqueada por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.
"Hoy, el Tribunal (legítimamente) otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir (por ahora) su política en todas partes, salvo Illinois", señaló la decisión del Supremo.
Ya en diciembre pasado, dos tribunales de apelaciones desestimaron en decisiones separadas los fallos de las cortes de California, Washington y Maryland en contra de la normativa promovida por la Administración de Donald Trump.
Para la directora adjunta de la organización America's Voice, Pili Tobar, la decisión del Supremo confirma que la "inmigración en la América de Trump" es "solo para los ricos".
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La polémica norma establece que un migrante legal será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un periodo de tres años.
Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.
Sobre el fallo del Supremo, la presidenta de la organización Community Change Action, Lorella Praeli, advirtió que el no proteger "a los más vulnerables tendrá consecuencias duraderas para mujeres, niños y ancianos", al tiempo que calificó de "discriminatoria" la norma.
La medida de "carga pública" apunta además a reducir la cantidad de migrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de "green card" (como se conoce a los permisos de residencia permanente) o de algunos visados.
Así, las autoridades podrán determinar si el migrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una "carga pública" para la Administración; es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.
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De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos.
FWD.us, una asociación creada por líderes tecnológicos partidarios de una nueva política migratoria y que presentó un documento de apoyo legal ("amicus brief") en contra de la normativa, consideró que la decisión del Supremo hará "más difícil" la vida para quienes aspiran a convertirse en ciudadanos estadounidenses.
"Esta política es un esfuerzo con subterfugios de cortar la inmigración legal y perjudicará a millones de familias (incluyendo los estadounidenses nativos), nuestras comunidades y nuestra economía", afirmó en un comunicado el presidente de FWD.us, Todd Schulte.
Mientras, el director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, apuntó que estudios han encontrado que esta norma podría impedir que la mitad de los cónyuges de ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero obtengan su "green card".
"Dañar los niños y las familias no debe ser un valor estadounidense", añadió Noorani, en tanto que Jess Morales Rocketto, presidenta de la organización Families Belong Together, lamentó que la Administración de Trump esté "atacando una vez más el espíritu del sueño americano".